Francisco Valdés Ugalde, Ph.D.
UNAM and Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, FLACSO
Universidad Autónoma de México
Mexico City, Mexico

Igualdad en differencia?

Creo que hay que ir hacia una revisión profunda del sistema de derecho que existe en México porque las demandas que han planteado los pueblos indios no son susceptibles de ser introducidas en el sistema constitucional y legal que tenemos de manera coherente--por ejemplo, la autonomía municipal. La autonomia municipal está considerada en la Constitución, pero está considerada en la Constitución bajo la condición de la existencia de ciudadanos que son iguales en todos los distintos municipios. Lo que aparece en el movimiento indígena, y en otros movimientos en México actualmente, es la diferencia, no la igualdad. Lo que hay es necesidad de reconocer la igualdad de las diferencias. Todas las diferencias deben ser tratadas bajo un principio de igualdad que sea justo y que les dé a los distintos grupos sociales posibilidad de resolver sus problemas, encontrando sus propios caminos, sin que esto necesariamente signifique una ruptura de su relación con el resto del país o con otros grupos.

Pero esto implica un proceso que va más allá de la ley y que requiere una negociación, por ejemplo de mejoramiento de las condiciones sociales. En este caso coincide en el problema de los pueblos indígenas una condición social degradada, en la que han llegado a un nivel de infrasubsistencia que requiere, absolutamente, inmediata atención por parte de otros sectores de país para contribuir a mejorar su condición; sin substituirlos en la mejoría de su condición y respetando su carácter de sujetos de su propio desarrollo.

¿La autonomía indígena?

Me parece que el problema de la autonomía municipal indígena y la idea de que en estos municipios autónomos impere una legalidad diferente a la legalidad general del país--como es por ejemplo la idea de legalizar o legitimar los usos y las costumbres de los pueblos indígenas--debe ser discutido a nivel general. No puede ser una decisión unilateral de un grupo pero tampoco se puede impedir por parte de la mayoría que un grupo, que constituye una minoría, tenga derecho a expresar sus puntos de vista y a pensar en las mejores soluciones para problemas que son específicos y que no son los mismos problemas que [tienen] otros grupos del país.

Entonces, [necesitamos] primero que nada una revisión del derecho, segundo una discusión general de las demandas planteadas y tercero un proceso de negociación en el cual se pueda encontrar una formula que respete lo específico de las demandas de los pueblos indígenas y sea capaz de proveer una forma de resolver estos problemas en un contexto político y social adecuado en el que otros grupos e instituciones del país puedan intervenir para revertir las tendencias que conducen a la condición actual en la que se encuentran los pueblos indígenas. Por ejemplo, los pueblos indígenas requieren una mejoría en sus condiciones de ingreso, en sus condiciones de educación, en sus condiciones de salud, requieren por lo tanto servicios. Estos servicios pueden ser producidos por ellos mismos, pero para ello necesitan recursos y estos recursos deben venir de aquel entorno sobre el cual ellos pueden ejercer cierto control.

¿De quienes son estos recursos?

Sin embargo, aquí hay un aspecto central en el que yo no estoy de acuerdo en como se ha planteado. Uno de los argumentos, que por ejemplo el movimiento zapatista ha levantado, es la idea de que una región debe poder usar los recursos que genere y debe poder apropiarse de una parte muy importante de los recursos que genera en comparación con la cantidad de esos recursos que aporta a la federación. En eso yo estoy en principio de acuerdo. El problema es que no podemos darle a Chiapas lo que es de Chiapas sin quitarle a Zacatecas una posibilidad de desarrollo. Naturalmente que esto ha ocurrido a la inversa, y eso es injusto. Ha ocurrido que el país la ha quitado a Chiapas una enorme proporción de la riqueza que produce, por ejemplo, en términos de la extracción de petróleo y del presupuesto que se asigna para el desarrollo social, económico, agrícola o industrial del estado de Chiapas. Pero éste no es un problema solamente de distribución de recursos entre la localidad y la federación sino es también un problema de distribución de recursos entre diferentes grupos sociales y de educación y formación de recursos humanos para poder atender directamente las necesidades y poder generar más riqueza. Naturalmente que la relación entre estados y centro o estados y federación debe cambiar en términos de la distribución de las responsabilidades y del uso de los recursos. Hasta ahora, el gobierno central ha retenido la mayor parte de los recursos generados en el país para luego reasignarlos como una forma no sólo de procurar el desarrollo sino también de controlar políticamente a ciertos sectores sociales y a ciertas zonas del país. Esto definitivamente debe desaparecer y puede desaparecer si se encuentra una relación fiscal productiva y adecuada que al mismo tiempo vaya a atender prioridades que no están solamente definidas desde la oficina de un burócrata en el gobierno central sino que están discutidas y deliberadas con las personas que están directamente involucradas en el problema. Yo creo que ésa es la perspectiva y ésos los tres o cuatro elementos en los siguientes pasos que deben darse en la dirección de resolver el problema indígena y garantizar los derechos indígenas.